Lluis Llach: La revolta permanent

El gran cantautor catalán Lluis Llach nos regala otra obra de arte. Ahora una película ("La revolta permanent") que recuerda la brutal represión del régimen postfranquista en España del 3 de marzo de 1976, que terminó con 5 muertos y más de 100 heridos de bala. El principal responsable de aquella barbarie -además del extinto Franco- fue Fraga Iribarne.
Siempre hay tiempo para no olvidar. España no hizo catarsis de sus muertos, ni de las numerosas desapariciones de personas que el franquismo produjo. La transición fue cualquier cosa, menos un proceso de justicia transicional.
La película está basada en el Oratorio 'Campanadas a los muertos' de LLUIS LLACH, obra que se puede apreciar en el segundo vídeo.


"Asesinos de razones y de vidas,
que nunca tengáis reposo a lo largo de vuestros días
y que en la muerte os persigan nuestras memorias."

LLUIS LLACH.

MIEDO

"La democracia es un bien que hay que defender a diario. Lo voy a ilustrar con un ejemplo: durante años nos hemos esforzado por construir, por segunda vez, una democracia en Alemania. En estos momentos la estamos desmantelando. Por un miedo histérico al terrorismo nos estamos convirtiendo más y más en un Estado policial, nos prestamos al juego de los terroristas, al debilitar más y más lo que más odian los terroristas, el Estado de derecho (...). Le estamos haciendo reverencia al terrorismo al restringir los derechos fundamentales."

(Del escritor Günter Grass en una entrevista con la agencia alemana DPA.)

Se celebró el XV Congreso Internacional de Defensa Social en Toledo

Entre los días 20 y 22 de septiembre se llevó a cabo en la ciudad castellano-manchega de Toledo el XV Congreso Internacional de Defensa Social, organizado por la Societè Internationale de Defense Sociale que preside el Prof. Dr. Luis Arroyo Zapatero. Con el objetivo de estudiar respuestas científicas a temáticas candentes como la modernización de la justicia penal militar y el derecho penal aplicable a las intervenciones militares en el exterior, la sede de la Universidad de Castilla La Mancha de Toledo se convirtió durante esos días en el escenario de un interesante debate y foro de opinión entre profesionales, académicos, militares y políticos.

Se le otorgó la Medalla Cesare Beccaria al juez chileno Juan Guzmán, que procesó al dictador Pinochet en su país, y se premiaron los trabajos de los jóvenes investigadores: Kristina Karsai (University of Szeged, Hungría), Sonia Mariza Florencio Hidalgo (Universidad de Coimbra, Portugal), Andreas Schüller (Leiden University, Holanda) y Miguel Ángel Rodriguez Arias (Universidad de Castilla La Mancha, Ciudad Real).

Durante el Congreso, la Societè Internationale de la Defense Sociale, que es una entidad consultiva de Naciones Unidas, adoptó dos resoluciones sobre cuestiones de honda trascendencia social y política, donde se expresa la preocupación por la persistencia de viejas y nuevas amenazas a la vigencia internacional de los derechos humanos representadas por la práctica de la pena de muerte en numerosos países del globo, así como por la nueva amenaza que supone el incremento del reclutamiento, contratación y empleo de tropas mercenarias en conflictos armados a lo largo de los cinco continentes.

La Societè Internationale de Defense Sociale expresó su deseo de que la moratoria mundial de la pena de muerte sea unánimemente respaldada, como primer paso hacia la completa abolición mundial de la misma. Respecto a la cuestión de los mercenarios, la Societè reclama igualmente de la comunidad internacional un mayor compromiso en la lucha contra este fenómeno así como una completa ratificación de la Convención ONU de 1989 que hasta ahora ha sido únicamente ratificada por 28 países.

La Societè cuenta entre sus miembros directivos a personalidades como Sergio García Ramírez (Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos), Klaus Tiedemann (Catedrático emérito de Derecho penal, Universidad de Friburgo de Br.), Ulrich Sieber (Director del Instituto Max Planck de Derecho Penal Extranjero e Internacional de Friburgo de Br.), Pedro David (Magistrado ad litem del Tribunal Penal Internacional para los crímenes de la ex Yugoslavia) o Eugenio Raúl Zaffaroni (Magistrado de la Corte Suprema Argentina) y tiene una página web donde puede ampliarse esta información www.defensesociale.org.

Decisión de la Corte Chilena Reafirma la Responsabilidad de Jefes de Estado

NUEVA YORK, 25 de Septiembre de 2007—El Centro Internacional para la Justicia Transicional celebra la resolución de la Corte Suprema de Chile, en la que acogió la solicitud de extradición del ex Presidente del Perú, Alberto Fujimori, a su país. La decisión, adoptada el viernes pasado, refuerza la importancia de la colaboración entre los poderes judiciales de diferentes países en el esfuerzo por combatir la impunidad de violaciones a los derechos humanos.

La extradición permitirá que Fujimori sea juzgado por los tribunales peruanos por dos crímenes contra los derechos humanos y varios casos de corrupción cometidos durante su gobierno entre 1990 y 2000. El juicio será una gran contribución al proceso para la obtención de verdad, alcanzar la justicia y reforzar el compromiso del gobierno en la entrega de reparación para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos cometidas en Perú entre 1980 y 2000, que fueron registradas por la Comisión de Verdad y Reconciliación de ese país.

La sentencia de la Corte Suprema de Chile afirma principios muy importantes en materia de derechos humanos, incluyendo:

Como se ha señalado con anterioridad, la importancia de la cooperación entre los sistemas judiciales de distintos países para hacer justicia en casos de violaciones a los derechos humanos. Esta colaboración se origina en la obligación general de los Estados de impedir la impunidad de delitos que, por su gravedad, afectan a toda la comunidad internacional y del compromiso que éstos tienen de respetar y promover tales derechos. Al afirmar este principio, la sentencia constituye un poderoso llamado a todos aquellos ex jefes de Estado que se refugian en otros países, de que sus intentos de escapar de la justicia serán frustrados y serán extraditados y juzgados.

La responsabilidad de jefes de Estado como autores mediatos de violaciones a los derechos humanos, como consecuencia de su dominio de un aparato organizado de poder. La Corte Suprema de Chile consideró para esto la concentración de poder que Fujimori habría tenido, especialmente sobre las fuerzas armadas y servicios de inteligencia del Perú.

El rechazo de la pretendida inmunidad de ex jefes de Estado por crímenes cometidos en el ejercicio del poder, consecuencia de la obligación de respetar los derechos humanos. Esto reafirma las conclusiones a las que llegó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que estableció la responsabilidad del Estado peruano en los dos casos de violaciones a los derechos humanos por los que fue concedida la extradición.

La sentencia, al conceder la extradición para casos de corrupción como de violaciones a los derechos humanos, la Corte reconoce un patrón común en dictaduras y regímenes autoritarios, que finalmente se vuelven corruptos y utilizan su poder para beneficio personal y para cometer crímenes en contra de la población.

Como se recuerda, el Perú requirió la extradición de Fujimori por 13 casos. Dentro de dichos casos, estaban la matanza de Barrios Altos, las desapariciones forzadas de “La Cantuta”, además de actos sistemáticos de corrupción cometidos en asociación directa con altos funcionarios públicos y, en particular, en coautoría con Vladimiro Montesinos, su poderoso asesor personal.

La Corte acogió la extradición en forma unánime para los casos de Barrios Altos y La Cantuta, así como para un caso de corrupción, y por votos de mayoría en los restantes cinco, lo que permitirá el juzgamiento en el Perú por siete de los trece casos por los que se solicitó la extradición. De los restantes seis casos, en los que la extradición fue denegada, cinco eran por corrupción y uno se refería a desaparición forzada de varias personas, que había sido agregado con posterioridad a la solicitud de extradición. El sábado pasado, al día siguiente de dictada la sentencia, Fujimori había sido trasladado al Perú, bajo custodia de la policía peruana.

Cristián Correa, del Centro Internacional para la Justicia Transicional, con base en Nueva York, destacó que “La sentencia de la Corte reafirma una doctrinas fundamental desarrollada por el Derecho Internacional, como es que los superiores pueden y deben asumir su responsabilidad por los crímenes cometidos bajo su control, independientemente de su participación material en los crímenes.”

Correa agregó además que “Esperamos que los tribunales de Perú realicen un juicio imparcial, con todas las garantías del debido proceso, así como con la participación de las víctimas. Dado que este juicio constituye una oportunidad histórica para la sociedad peruana para desentrañar la horrible verdad de su pasado reciente, de hacer justicia y de garantizar que los derechos humanos sean valorados y protegidos, debe cumplir con las garantías internacionalmente reconocidas de un juicio justo.”

Pero mientras la extradición de Fujimori y su próximo juicio en el Peru son signos esperanzadores y positivos de un creciente compromiso por el respeto de los derechos humanos y la justicia, este compromiso es aún frágil. El domingo, en Lima, el memorial en homenaje a las víctimas de violaciones a los derechos humanos “El Ojo que Llora”, fue atacado con pintura naranja, un color asociado a partidarios de Fujimori. El gobierno Peruano debe no sólo apoyar la existencia de un juicio justo e imparcial de su ex mandatario, sino también enviar un fuerte mensaje de que cualquier acción encaminada a obstruir la justicia en Perú no será tolerada

Prueba de sistema de ingreso

Están listos para crear sus entradas??? Vean la ayuda, verán que fácil es...