Como consecuencia de disparos efectuados por carabineros que impactaron en su espalda, falleció hoy en la Araucanía Matías Catrileo, estudiante de Agronomía de la Universidad de la Frontera, de 22 años de edad.
Los hechos ocurrieron esta madrugada en la comuna de Vilcún, al momento en que un grupo de mapuche se enfrentaron con carabineros en las cercanías del predio de propiedad del agricultor Jorge Luchsinger, donde según sostienen los medios de comunicación, los mapuche habrían quemado pastizales.
Consideramos que estos hechos revisten la mayor gravedad, puesto que la violencia con que actúa la policía de carabineros, al igual que en numerosos otros casos de lo que erróneamente se ha dado en llamar el "conflicto mapuche", no guarda ninguna proporción con la violencia que se imputa a los mapuche, la que habría afectado a bienes y no a personas.
Condenamos enérgicamente el actuar represivo de los agentes policiales del estado en comunidades mapuche, el que se prolonga ya por largos años, cobrando, con la muerte de Matías Catrileo, su segunda víctima fatal.
Cabe señalar que el maltrato físico y trato degradante dado por parte de la policía de carabineros a integrantes de comunidades y organizaciones mapuche, ha sido denunciado desde hace años no solo por los afectados, sino por entidades de derechos humanos, incluyendo Human Rights Watch, la Federación Internacional de Derechos Humanos y Amnistía Internacional.
Solo el 2006 el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas constató y denunció la existencia de 20 casos de malos tratos en contra de personas y de comunidades mapuche por parte de las fuerzas policiales del Estado, verificados en allanamientos, desalojos, incursiones de vehículos policiales no autorizadas en comunidades mapuche, y otros, con graves consecuencias para la integridad física y síquica de sus integrantes. El caso más grave es el de la comunidad de Temucuicui en Malleco, la que fue allanada por las fuerzas policiales (carabineros y policía de investigación) en ocho oportunidades en el curso del año pasado, en varias ocasiones sin orden judicial para ello. A lo largo del 2007 tales hechos se repitieron, siendo denunciados por una misión internacional ante las autoridades gubernamentales.
Esta situación violatoria de derechos básicos de las personas fue constada por el Relator para los derechos indígenas de la ONU en su informe de misión a Chile el 2003, y más recientemente por los Comité de Derechos del Niño y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en sus informes de 2007 relativos a la observación por Chile de los Pactos Internacionales de que es signatario.
El Comité de Derechos Humanos, por su parte, manifestó su preocupación por la misma situación, pidiendo al estado "…tomar medidas inmediatas y eficaces para poner fin a esos abusos, vigilar, investigar y cuando proceda, enjuiciar y sancionar a los funcionarios de la policía que cometan actos de malos tratos en contra de grupos vulnerables." (parág. 10)
Durante el último año el Observatorio de Derechos de Pueblos Indígenas se ha reunido con, entre otras personalidades, con el Ministro del Interior Belisario Velasco y, más recientemente, en el mes de diciembre pasado, con el General Bernales, Director General de Carabineros, manifestándole su preocupación por la persistencia de situaciones de violencia policial en comunidades, e instándole a adoptar medidas para investigar y sancionar a los responsables, de modo de evitar desgracias como las ocurridas hoy.
En dichas reuniones también hemos planteado a las autoridades la gravedad que representa el que los delitos cometidos por agentes policiales en contra de los mapuche queden en la impunidad. Ello como consecuencia de que su investigación es derivada a la justicia militar, la que sigue te niendo jurisdicción exclusiva sobre abusos tales como la tortura, el homicidio o el uso injustificado de la fuerza por parte de carabineros, si se cometen durante actos de servicio o en recintos militares.
Cabe recordar aquí que los jueces militares son oficiales de servicio de las fuerzas armadas, no tienen necesariamente una formación jurídica y están sujetos en sus actuaciones a la cadena de mando militar. Por lo mismo, dichos tribunales carecen de la idoneidad y de la independencia mínima para garantizar un juicio justo. En la práctica, la gran mayoría de las denuncias en contra de carabineros por malos tratos o uso excesivo de la fuerza no han prosperado. El caso del homicidio de Alex Lemún Saavedra a manos de un oficial de carabineros, el Mayor Marco Aurelio Treuer, el 2002, es un claro ejemplo de ello.
La persistencia de la jurisdicción militar sobre la población civil en estos y otros casos constituye una de las herencias del régimen militar del General Pinochet (1973-1990), que ha concitado la crítica de los organismos de derechos humanos por su vulneración del derecho al debido proceso. Se trata de un hecho señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al condenar el 2005 al Estado chileno en el caso Palamara Ibarne v/s Chile, en que la Corte conminó al estado a "adecuar, en un plazo razonable, el ordenamiento jurídico interno a los estándares internacionales…de forma tal que en caso de que considere necesaria la existencia de una jurisdicción penal militar, ésta debe limitarse solamente al conocimiento de delitos de función cometidos por militares en servicio activo".
Responsabilizamos de estos hechos al gobierno, quien en última instancia es el encargado de la utilización de la fuerza pública, el que no solo no ha escuchado las denuncias de las víctimas de la violencia policial, sino tampoco a las instancias de derechos humanos antes referidas, incluyendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Instamos a las autoridades a adoptar todas las medidas administrativas y legislativas para poner término a esta situación, investigar los hechos que resultaron en la muerte de Matías Catrileo y sancionar a sus responsables, restableciendo el estado de derecho. Fundamos esta petición en la convicción de que solo la justicia y el pleno respeto de los derechos humanos pueden garantizar la convivencia pacífica en la Araucanía.
Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas
Santiago- Temuco (CHILE)
3 de enero de 2008.
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Paulina Acevedo
Periodista
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